Compactar para impedir el delito y cuidar la salud de todos

RODRIGO BONINI - Director Nacional de Investigaciones

El PRONACOM es un programa nacional de descontaminación, compactación y disposición final de automóviles, que surge en respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en Argentina y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados por las Fuerzas Federales y Provinciales en distintos puntos del país.

Cuando un vehículo es secuestrado por estar afectado a una causa judicial ya sea por robo, homicidio, falsificación de documento automotor, por ley de drogas, etc. comienza el circuito administrativo, ingresando los datos del vehículo a la base del Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (RENAVESE).

Al adherir al PRONACOM, parte del material secuestrado puede ser entregado con fines científicos o culturales a alguna entidad con reconocidos antecedentes en la materia, en el marco del subprograma TRANSFORMEMOS.

Todo vehículo secuestrado en causa penal, luego de los 6 meses de su custodia, ingresa administrativamente al PRONACOM. Es alojado en las playas de depósito, donde los identifican y clasifican en función de su estado, y se establece si son para compactar (o destinados a fines didácticos culturales o científicos), o si no serán compactados.
En el caso de ser compactado, un porcentual del dinero obtenido de la venta del material de chatarra es entregado a una entidad de bien público. En caso de ser cedido a una institución con fines científicos, didácticos o culturales, se establecerá una serie de requisitos y visitas para verificar los puntos básicos de los proyectos a los que se ajuste la entrega.

El subprograma TRANSFORMEMOS tiene como horizonte colaborar y proveer material y elementos técnicos que sirvan para las prácticas en material técnico productiva. Este programa apuesta al reciclado de vehículos y autopartes con fines educativos y culturales, en función de las currículas de colegios y escuelas técnicas.

Toda entidad o institución educativa que desee contar con material didáctico o para uso cultural deberá presentar un Proyecto Institucional donde se expongan los objetivos por los que se requiere el material y sus características específicas. El informe deberá tener también, entre otros requisitos, una reseña histórica del establecimiento, cantidad de alumnos involucrados y fotografías del espacio donde será emplazado el material.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Investigaciones se ha diseñado un plan estratégico de asistencia a provincias y municipios cuyas playas de depósito de vehículos secuestrados se encuentran colapsadas. A esta altura, los autos y motocicletas bajo la custodia representan un problema complejo que según pasan los años ha ido creciendo en función del número de rodados y de la escasez de espacio para su guarda. Sobre ellos pesan los reiterados reclamos vecinales que se fundamentan en la apropiación del espacio público y en las condiciones de insalubridad que genera el acopio de unidades secuestradas en zonas urbanas. El colapso de depósitos impide a los provincias y municipios llevar adelante las políticas de control de seguridad vial. La desorganización a la que en general se ven expuestos estos depósitos hace necesario efectuar un control de trazabilidad que garantice la efectiva guarda patrimonial de los rodados que muchas veces, ante la desaprensión y estado general, sus titulares optan por no retirarlos nunca de esa custodia, generando además del riesgo ambiental, grandes erogaciones para los gobiernos locales. 

Por otro lado los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmaderos a cielo abierto que sufren constantes hechos de vandalismo y robo. Incendios, desguaces y reutilización ilegal de autopartes y documentación son a menudo los hechos que suelen alentar a los gobiernos locales a solicitar la colaboración nacional. En este sentido, la asistencia que presta el Ministerio de Seguridad y las autoridades nacionales no sólo se reduce a la asesoría legal sino que la colaboración incluye recursos administrativos, logísticos y humanos.

El Plan de Colaboración no genera ningún costo para el estado provincial y municipal. Por el contrario, genera recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que repercutirán en las entidades de bien público actuantes en el ámbito territorial de los gobiernos locales.

 

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